1.7.15

Cuatro horas de operación policial, 60 policías antidisturbios, varias cargas y 20 detenciones fueron necesarios para desahuciar a Patricia, y a su bebé Amanda, en Oviedo



























"Como es habitual en muchas ejecuciones hipotecarias, la operación policial comenzó una hora antes de la comunicada por la orden judicial, las nueve de la mañana. En previsión, una veintena de ciudadanos afines a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y al 15M pernoctaron en la casa de Jorge, Patricia y su bebé de 5 meses Amanda

Esta familia de trabajadores autónomos del transporte de paquetería cayeron en desgracia cuando empezaron a acumular impagos de las empresas que los subcontrataban, entre otras, una propiedad de el exconcejal de cultura del Partido Popular, José Suárez Arias-Cachero, conocido como “Felechosa”, y actual consejero general en representación de FORO en Cajastur, la entidad pública que les niega la dación en pago y el alquiler social.

 Antes de 8 de la mañana unos diez furgones policiales acordonaban la zona y cortaban los accesos a la calle de la vivienda, en Ciudad Naranco, un barrio de trabajadores de Oviedo. Para entonces, ya un grupo de unas 50 personas de todas las edades protestaban contra el desahucio coreando “El mundo al revés, desahuciar a un bebé”.

 Poco después, con la llegada de la comisión judicial y el aumento de la tensión entre los manifestantes, se produce una primera carga policial cuando algunos agentes salen del cordón y, durante la persecución a algunos participantes en la protesta, a uno se le cae la pistola y las balas.

 Sorprendió igualmente que los propios policías contuvieran a algunos de sus compañeros que, parecía, se habían tomado los insultos de los manifestantes de forma personal.

Poco después, una decena de agentes se empleaban a fondo en abrir el portal, una tarea que terminaría llevándoles más de media hora porque había sido atrancada por dentro con vigas metálicas. Mientras, seguían llegando manifestantes, entre ellos, algunos mineros en muestra de solidaridad del sector con la familia desahuciada.

 En ese momento un policía baja de un furgón y empieza a grabar ostentosamente a los ciudadanos participantes en la protesta así como a las personas que permanecían en el balcón del piso.

 El ambiente se iba tensando entre los miembros de las fuerzas de seguridad al pasar el tiempo y no conseguir abrir el portal mientras desde el inmueble vaciaban cubos con líquido. También entre los manifestantes, según los golpes cada vez más fuertes anunciaban la proximidad de su entrada en el edificio.

 Jorge y Patricia se conocieron en España poco después de llegar ambos desde Ecuador. Ella trabajaba limpiando casas y cuidando a personas mayores, y él como albañil hasta que desarrolló una alergia al polvo. Fue entonces cuando creo una empresa de transporte para la que llegó a contratar a cuatro trabajadores más Patricia.

 Pero con la llegada de la crisis, como contamos en un amplio reportaje en Periodismo Humano, los pagarés a 90 días se le iban acumulando y descontando de la línea de crédito hasta que se encontró con una deuda de 80.000 euros por parte de tres empresas asturianas. Hoy deben a Cajastur unos 100.000 euros por su casa con las costas judiciales incluidas. 

“Nosotros no queremos quedarnos con la casa si no la podemos pagar. Lo que queremos es no cargar con la deuda si lo entregamos. Invertimos 30.000 euros en reformar esta casa: cambiamos la instalación eléctrica, las tuberías… está todo nuevo. Solicitamos el alquiler social de este piso porque habiendo tantos cerrados, Cajastur ganaría algo en lugar de estar cerrado estropeándose”, nos decía hace dos semanas Patricia.

En la protesta, en determinado momento, un policía pide el carnet de identidad a uno de los manifestantes sin explicarle el motivo.

Otro policía decide explicarle que “se le va a apercibir por insultar a la Policía en la vía pública”. No responden cuando les preguntan dónde tienen el número de identificación. Una mujer pregunta a los policías “¿no nos estáis insultando vosotros con lo que estáis haciendo?”.

 La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura recoge en su último informe su preocupación porque las multas a los manifestantes estén siendo utilizadas como una forma de amedrentar a la ciudadanía. ““Las multas son una forma indirecta de maltrato institucional, ‘no te detengo pero por participar en una movilización ciudadana de protesta te van a caer 500 o 600 euros’ (…) Ahora la resistencia pasiva no está penada con cárcel pero sí con dinero”, opinaba en una entrevista para Periodismo Humano Carlos Hernández, portavoz de la ONG.

Mientras en el piso, una veintena de personas acompañan a Jorge. Pertenecientes al 15M y a la PAH, habían impedido ya la primera orden de desahucio en abril. Hace algunas semanas, cuando se les comunicó la fecha para la segunda orden de alzamiento, los afectados decidieron que no querían que voluntarios volvieran a impedirlo “porque no sabemos a dónde nos lleva este círculo de violencia, ni queremos que hieran a nadie, y nos da pudor molestar de nuevo a los vecinos del barrio”, nos contaba Jorge en su momento. 

Pero el apoyo y el empeño de un grupo de personas del 15M así como la desesperación de la pareja, les hizo cambiar de opinión y aceptar esa ayuda. Más de 300 personas terminaron participando en la concentración.

 Desde la casa de Jorge y Patricia cae un colchón amarrado y poco después una mochila. Cuando uno de los manifestantes se acerca a recogerlo y un policía intenta impedirlo, se desata una carga policial que acaba con una joven herida  sangrando por la nariz y dos detenidos, una mujer y un hombre, que han sido acusados de desobediencia y atentado a la autoridad. 

“Esas mochilas podían tener elementos peligrosos, armas blancas, pelotas o piedras y entonces es de interés policial saber qué contenía esa mochila”, explicaba el responsable a pie de calle de la operación policial.

 Finalmente tras más de cuatro horas de dispositivo en el que participaron más de 60 antidisturbios, un cerrajero y un bombero ‘armado’ con hachas para conseguir entrar en el inmueble, empezaron a sacar, detenidas, con las manos atadas a la espalda, y escoltados por policías, Jorge y las 17 personas que le acompañaban.

 Se les acusa de resistencia y desobediencia grave a la autoridad. Según el comunicado de la Delegación del Gobierno, se les ha detenido por “obstrucción a la justicia” y se equivoca cuando afirma que “se comprueba la presencia de 20 personas, ninguna de ellas residente en la misma ni afectada por la orden de desahucio, ante lo que se procede a su detención”. Jorge se encontraba en el domicilio y fue detenido como recoge la fotografía.

 Durante toda la mañana, vecinos habían observado los hechos desde sus ventanas silenciosamente. Pero con la detención de los encerrados en el piso fueron muchos, entre ellos varias ancianas, los que se fueron sumando a una improvisada cacerolada que fue recibida con aplausos por los manifestantes de la calle, emocionándose más de uno.

 En la protesta se veían algunos rostros veteranos de la lucha social en Asturias. Carmina Bascarán, una defensora de los derechos humanos fundadora del Centro de la Vida y de los Derechos Humanos en Açailandia Brasil, dedicado a la erradicación del trabajo esclavo, ya de vuelta en España gritaba “Los güeliflautas también estamos aquí”. 

Cerca de ella se encontraba Segundo, trabajador y sindicalista de los astilleros gijoneses, conocido en las luchas que durante años mantuvo el sector contra las amenazas de cierre que finalmente se consumaron. “Hoy desahucian a una familia con la que el banco podría haber llegado a un acuerdo. Está visto que los banqueros no responden más que a sus intereses y lógicamente la gente tenemos que protestar y apoyar a estas familias porque sí”.

 Cuando ya todo había acabado y ni los policías ni los manifestantes sabían muy bien qué hacían en la calle mientras los vecinos seguían observando desde los balcones, se dirigieron a la sede de Cajastur donde Jorge ha pasado una semana bajo la lluvia y el sol en huelga de hambre sin recibir ninguna respuesta de la entidad pública sobre su demanda que no es quedarse con la casa, sino que con su entrega se salde su deuda hipotecaria que con costas judiciales asciende a 100.00 euros “porque si no no hay vida que se pueda remontar”, nos decía hace una semana, y el alquiler social.

Los policías cambiaron los cascos por gorras y dos furgones policiales vigilaron la protesta en la sucursal.

 En un comunicado conjunto de la PAH Asturias y la Asamblea del 15M del barrio gijonés El Llano, denuncian que  “las numerosas grabaciones y las declaraciones de los implicados ponen de manifiesto que las Fuerzas de Orden Público han actuado con total desproporción no dudando en agredir a las personas que pacíficamente mostraban su solidaridad con la familia desahuciada.

 Pero, el que se hayan producido estos incidentes no pueden ocultar el hecho dramático de que hoy una familia tenga que dormir bajo el cobijo de familiares y amigos al haber sido despojados del que fuera su hogar”.       

(Texto y vídeos: , Fotografías: Javier Bauluz (Oviedo), Periodismo humano, 28/06/2015)

No hay comentarios :