"Como es habitual en muchas ejecuciones hipotecarias, la operación
policial comenzó una hora antes de la comunicada por la orden judicial,
las nueve de la mañana. En previsión, una veintena de ciudadanos afines a
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y al 15M pernoctaron en la casa de Jorge, Patricia y su bebé de 5 meses Amanda.
Esta familia de trabajadores autónomos del transporte de paquetería
cayeron en desgracia cuando empezaron a acumular impagos de las empresas
que los subcontrataban, entre otras, una propiedad de el exconcejal de
cultura del Partido Popular, José Suárez Arias-Cachero, conocido como
“Felechosa”, y actual consejero general en representación de FORO en Cajastur, la entidad pública que les niega la dación en pago y el alquiler social.
Antes de 8 de la mañana unos diez furgones policiales acordonaban la zona y cortaban los accesos a la calle
de la vivienda, en Ciudad Naranco, un barrio de trabajadores de Oviedo.
Para entonces, ya un grupo de unas 50 personas de todas las edades
protestaban contra el desahucio coreando “El mundo al revés, desahuciar a
un bebé”.
Poco después, con la llegada de la comisión judicial y el aumento de la
tensión entre los manifestantes, se produce una primera carga policial
cuando algunos agentes salen del cordón y, durante la persecución a
algunos participantes en la protesta, a uno se le cae la pistola y las
balas.
Sorprendió igualmente que los propios policías contuvieran a algunos de
sus compañeros que, parecía, se habían tomado los insultos de los
manifestantes de forma personal.
Poco después, una decena de agentes se empleaban a fondo en abrir el
portal, una tarea que terminaría llevándoles más de media hora porque
había sido atrancada por dentro con vigas metálicas. Mientras, seguían
llegando manifestantes, entre ellos, algunos mineros en muestra de solidaridad del sector con la familia desahuciada.
En ese momento un policía baja de un furgón y empieza a grabar
ostentosamente a los ciudadanos participantes en la protesta así como a
las personas que permanecían en el balcón del piso.
El ambiente se iba tensando entre los miembros de las fuerzas de
seguridad al pasar el tiempo y no conseguir abrir el portal mientras
desde el inmueble vaciaban cubos con líquido. También entre los
manifestantes, según los golpes cada vez más fuertes anunciaban la
proximidad de su entrada en el edificio.
Jorge y Patricia se conocieron en España poco después de llegar ambos
desde Ecuador. Ella trabajaba limpiando casas y cuidando a personas
mayores, y él como albañil hasta que desarrolló una alergia al polvo.
Fue entonces cuando creo una empresa de transporte para la que llegó a
contratar a cuatro trabajadores más Patricia.
Pero con la llegada de la
crisis, como contamos en un amplio reportaje en Periodismo Humano, los pagarés a 90 días se le iban acumulando y descontando de la línea de crédito
hasta que se encontró con una deuda de 80.000 euros por parte de tres
empresas asturianas. Hoy deben a Cajastur unos 100.000 euros por su casa
con las costas judiciales incluidas.
“Nosotros no queremos quedarnos
con la casa si no la podemos pagar. Lo que queremos es no cargar con la deuda si lo entregamos.
Invertimos 30.000 euros en reformar esta casa: cambiamos la instalación
eléctrica, las tuberías… está todo nuevo. Solicitamos el alquiler
social de este piso porque habiendo tantos cerrados, Cajastur ganaría
algo en lugar de estar cerrado estropeándose”, nos decía hace dos
semanas Patricia.
En la protesta, en determinado momento, un policía pide el carnet de
identidad a uno de los manifestantes sin explicarle el motivo.
Otro policía decide explicarle que “se le va a apercibir por insultar
a la Policía en la vía pública”. No responden cuando les preguntan
dónde tienen el número de identificación. Una mujer pregunta a los
policías “¿no nos estáis insultando vosotros con lo que estáis
haciendo?”.
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura
recoge en su último informe su preocupación porque las multas a los
manifestantes estén siendo utilizadas como una forma de amedrentar a la
ciudadanía. ““Las multas son una forma indirecta de maltrato
institucional, ‘no te detengo pero por participar en una movilización
ciudadana de protesta te van a caer 500 o 600 euros’ (…) Ahora la
resistencia pasiva no está penada con cárcel pero sí con dinero”,
opinaba en una entrevista para Periodismo Humano Carlos Hernández, portavoz de la ONG.
Mientras en el piso, una veintena de personas acompañan a Jorge. Pertenecientes al 15M y a la PAH, habían impedido ya la primera orden de desahucio en abril. Hace algunas semanas, cuando se les comunicó la fecha para la segunda orden de alzamiento, los afectados
decidieron que no querían que voluntarios volvieran a impedirlo “porque
no sabemos a dónde nos lleva este círculo de violencia, ni
queremos que hieran a nadie, y nos da pudor molestar de nuevo a los
vecinos del barrio”, nos contaba Jorge en su momento.
Pero el apoyo y el
empeño de un grupo de personas del 15M así como la desesperación de la
pareja, les hizo cambiar de opinión y aceptar esa ayuda. Más de 300
personas terminaron participando en la concentración.
Desde la casa de Jorge y Patricia cae un colchón amarrado y poco después
una mochila. Cuando uno de los manifestantes se acerca a recogerlo y un
policía intenta impedirlo, se desata una carga policial que acaba con
una joven herida sangrando por la nariz y dos detenidos, una mujer y un
hombre, que han sido acusados de desobediencia y atentado a la
autoridad.
“Esas mochilas podían tener elementos peligrosos, armas
blancas, pelotas o piedras y entonces es de interés policial saber qué
contenía esa mochila”, explicaba el responsable a pie de calle de la
operación policial.
Finalmente tras más de cuatro horas de dispositivo en el que
participaron más de 60 antidisturbios, un cerrajero y un bombero
‘armado’ con hachas para conseguir entrar en el inmueble, empezaron a
sacar, detenidas, con las manos atadas a la espalda, y escoltados por
policías, Jorge y las 17 personas que le acompañaban.
Se les acusa de resistencia y desobediencia grave a la autoridad. Según el comunicado de la Delegación del Gobierno,
se les ha detenido por “obstrucción a la justicia” y se equivoca cuando
afirma que “se comprueba la presencia de 20 personas, ninguna de ellas
residente en la misma ni afectada por la orden de desahucio, ante lo que
se procede a su detención”. Jorge se encontraba en el domicilio y fue
detenido como recoge la fotografía.
Durante toda la mañana, vecinos habían observado los hechos desde sus
ventanas silenciosamente. Pero con la detención de los encerrados en el
piso fueron muchos, entre ellos varias ancianas, los que se fueron
sumando a una improvisada cacerolada que fue recibida con aplausos por
los manifestantes de la calle, emocionándose más de uno.
En la protesta se veían algunos rostros veteranos de la lucha social en Asturias. Carmina Bascarán,
una defensora de los derechos humanos fundadora del Centro de la Vida y
de los Derechos Humanos en Açailandia Brasil, dedicado a la
erradicación del trabajo esclavo, ya de vuelta en España gritaba “Los
güeliflautas también estamos aquí”.
Cerca de ella se encontraba Segundo,
trabajador y sindicalista de los astilleros gijoneses,
conocido en las luchas que durante años mantuvo el sector contra las
amenazas de cierre que finalmente se consumaron. “Hoy desahucian a una
familia con la que el banco podría haber llegado a un acuerdo. Está
visto que los banqueros no responden más que a sus intereses y
lógicamente la gente tenemos que protestar y apoyar a estas familias
porque sí”.
Cuando ya todo había acabado y ni los policías ni los manifestantes
sabían muy bien qué hacían en la calle mientras los vecinos seguían
observando desde los balcones, se dirigieron a la sede de Cajastur donde
Jorge ha pasado una semana bajo la lluvia y el sol en huelga de hambre
sin recibir ninguna respuesta de la entidad pública sobre su demanda que
no es quedarse con la casa, sino que con su entrega se salde su deuda
hipotecaria que con costas judiciales asciende a 100.00 euros “porque si
no no hay vida que se pueda remontar”, nos decía hace una semana, y el
alquiler social.
Los policías cambiaron los cascos por gorras y dos furgones policiales vigilaron la protesta en la sucursal.
En un comunicado conjunto de la PAH Asturias y la Asamblea del 15M del barrio gijonés El Llano,
denuncian que “las numerosas grabaciones y las declaraciones de los
implicados ponen de manifiesto que las Fuerzas de Orden Público han
actuado con total desproporción no dudando en agredir a las personas que
pacíficamente mostraban su solidaridad con la familia desahuciada.
Pero, el que se hayan producido estos incidentes no pueden ocultar el
hecho dramático de que hoy una familia tenga que dormir bajo el cobijo
de familiares y amigos al haber sido despojados del que fuera su hogar”.
(Texto y vídeos:
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